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Medio Alternativo de Información

Aniversario de la Huelga en la UNAM

Hoy se cumplen 13 años de la represión al movimiento estudiantil del CGH y la violación a la autonomía de la UNAM.  Invitamos al publico en general a las jornadas por la lucha de la educación publica y gratuita y en contra de la reforma educativa priista. Participa el comite de lucha de la UACM, UAM, UNAM y la Asociaciòn de padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Conferencia viernes 8 Casa de Cultura Azcapotzalco 18:00, Av. Azcapotzalco 605, Col. Azcapotzalco Centro. Invita el Colectivo Sublevarte- Azcapotzalco. Entrada libre

Recordando:

El movimiento estudiantil y universitario y la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultan la experiencia de lucha social más importante (después de la insurrección de los indígenas zapatistas de Chiapas en 1994) del México de fin de siglo, desde el punto de vista de la constitución de los sujetos sociales y del diseño y la puesta en práctica de estrategias de resistencia y de combate de los mismos, pero también desde la perspectiva de cómo el Estado y el bloque de poder construyen una forma actualizada de enfrentar a la sociedad civil organizada e imponer una lógica de reconstitución de un sistema de dominación y hegemonía que se adecue a los tiempos de cambio vigentes, especialmente ante el incontenible desmoronamiento que ha ido teniendo lugar en los decenios recientes del sistema político imperante durante setenta años en nuestro país.

De ahí que no sea posible entender en su plenitud y en su verdadero significado histórico y utópico al movimiento y a la huelga de la UNAM atendiendo exclusivamente y en forma descontextuada a la dinámica interna y al confuso panorama de fuerzas políticas estudiantiles y de confrontaciones tácticas que aparecen como elementos determinantes del proceso sin serlo del todo. En este sentido, el propósito del siguiente análisis es el de establecer someramente el conjunto de factores que han intervenido en el desarrollo del actual conflicto de la UNAM y simultáneamente delinear una perspectiva de articulación que más tarde nos permita ahondar en la comprensión de lo que esta lucha representa en términos prospectivos para quienes mantenemos una esperanza de transformación de la realidad social y en particular de la UNAM, a pesar del horizonte poco luminoso con que llegamos al año 2000.

La huelga de la UNAM y el choque de estrategias globales

Sería cómodo reducir la interpretación del conflicto de la máxima casa de estudios de nuestro país a una movilización espontánea del estudiantado a causa de una medida aislada impuesta por el rector Francisco Barnés, que simplemente ha seguido un curso, por decir lo menos, errático como producto de la inexperiencia de los participantes y de los efectos propios de todo fenómeno político. Nada más alejado de la verdad. Al esforzarnos en ampliar el marco de análisis desde el cual descomponer la complejidad de esta lucha y encontrar las claves de su explicación, es posible identificar distintos niveles de intervención en el proceso real de factores provenientes del contexto nacional e internacional, y de un entramado mucho menos simple de lo que parece y de lo que quisiéramos que fuera en lo que respecta a los actores específicos del movimiento universitario, de su relación con las fuerzas políticas extrauniversitarias y de la confrontación de proyectos estratégicos y tácticos.

Así, desarrollaremos una alternativa de comprensión que se articula sobre la base de un eje medular consistente en el enfrentamiento de dos grandes intencionalidades organizadas y antagónicas manifestadas en la huelga de la UNAM: por un lado, una estrategia amplia orquestada por el Estado como cabeza de una coalición de fuerzas políticas de derecha y, por el otro, una estrategia de resistencia desplegada por un sector de la sociedad civil que en este caso es el movimiento estudiantil y universitario de la UNAM en defensa de la educación pública. De la colisión de estas dos fuerzas y de sus respectivos proyectos de coyuntura, se puede desprender una serie de elementos de análisis que al final quizás nos permitirán en su conjunto entender al conflicto como un todo.

Como apertura de este análisis hay que establecer que por el lado del estudiantado no hay mayor confusión en lo referente a sus propósitos: de manera clara el movimiento surge como respuesta a la ofensiva neoliberal contra las universidades públicas, como resistencia ante los ajustes impuestos a las comunidades de las instituciones de educación superior por los gobiernos últimos de acuerdo con los designios de organismos internacionales reconocidos, y que en esta ocasión asumen el rostro de una medida radical impuesta por parte de las autoridades de la UNAM, como es el avance en la imposición de colegiaturas (a través del Reglamento general de pagos -RGP) y por lo tanto de restricciones al ingreso de los sectores populares.

En cambio, en lo que concierne al gobierno y a los intereses coaligados que representa en esta circunstancia, el objetivo de la huelga y del conflicto en general rebasa la dimensión meramente universitaria, aunque la incluye, y se articula en una perspectiva mucho más amplia que responde a la coyuntura global del periodo 1997-2000; cuyos propósitos fundamentales radican, por una parte, en causar un daño significativo a las dos fuerzas políticas más importantes que aglutinan a la izquierda social y a significativos sectores de nuestro pueblo, el PRD y el EZLN, y ganar a como dé lugar las elecciones del 2000 para contar posteriormente con seis años de respiro y recomponer el sistema político de dominación y hegemonía en el país; y por otra, en imponer un ajuste mayor de carácter instrumental, privatizante y tecnocrático en la UNAM, que marque la pauta para desencadenar la transformación autoritaria en el mismo sentido de todo el sistema de educación superior y media superior aprovechando la coyuntura.

Sin embargo, es conveniente situar el ámbito en que se desenvuelve esta lógica atendiendo a los elementos determinantes en cada uno de los dos proyectos en choque, en cada una de las dos intencionalidades confrontadas en esta huelga, y en el caso de la estrategia global del gobierno federal y sus aliados, distinguir las implicaciones de su objetivo doble; para lo cual identificaremos algunos de los componentes sustanciales del contexto nacional e internacional que tienen que ver con aquel.

La estrategia global en que se soporta esta ofensiva neoliberal contra la UNAM, la sociedad civil y las principales organizaciones de la izquierda mexicana en la coyuntura de 1997-2000, si bien está siendo puesta en operación por el aparato gubernamental y su red de relaciones e intereses, responde a un diseño concertado que incluye a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, al partido oficial, a la representación de grandes capitales transnacionales y nacionales y a un conjunto de fuerzas de derecha y de ultraderecha como son los grandes medios de información, la alta jerarquía de las iglesias, los grupos conservadores fundamentalistas y algunas fracciones de organismos políticos como el PAN.

Este plan global responde a preocupaciones estratégicas que involucran algunos aspectos del contexto internacional como los siguientes: 1) el neoliberalismo, si bien se ha mantenido en marcha, en los últimos años ha reducido su radicalismo y consistencia en algunas partes del mundo como resultado de los triunfos electorales de partidos socialdemócratas, laboristas y liberales (progresistas en el sentido estadunidense de la palabra), lo que ha dificultado el avance de su proyecto de integración excluyente y subordinada de la población mundial a la globalización actual; 2) en esta coyuntura, en algunos países importantes de América Latina se ha ido presentando un avance electoral de la izquierda reformista y democratico-social que ha activado los focos rojos de quienes comandan los planes geoestratégicos en Estados Unidos, estos casos son los de México con el PRD, Uruguay con el Frente Amplio y sus aliados, Argentina con el FREPASO coaligado con el Partido Radical, Brasil con el Partido del Trabajo, y Chile con la alianza gubernamental hoy encabezada por un miembro del Partido Socialista; 3) en la segunda mitad de esta década hemos sido testigos de la emergencia de muy significativas experiencias y proyectos de una izquierda social renovada que han puesto en jaque a muchas de las líneas nodales del neoliberalismo en sus territorios, como son los casos del EZLN y el zapatismo en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y las ONG’s y las organizaciones sociales y comunitarias en todo el continente.

De lo anterior se desprende la necesidad de Estados Unidos de contener estos avances electorales y disminuir la presencia y extensión de la izquierda social renovada; necesidad de la cual se ha derivado una estrategia global con múltiples enfoques que se ha puesto en ejercicio desde 1997 y que ya ha dado frutos al derrotar al PT en Brasil y concitar una alianza multicolor en torno al presidente Cardoso, al revertir en la segunda vuelta el triunfo del FA en Uruguay promoviendo la conciliación entre los dos inconciliables partidos tradicionales en 1999, al poner en verdadero riesgo el triunfo de la alianza gubernamental en Chile y apostar por el pinochetismo (como el mal menor) dividiendo a la Democracia Cristiana y saboteando la campaña electoral; pero al mismo tiempo ha tenido que aceptar el triunfo nacional y regional del año pasado de la alianza entre el FREPASO y el PR en Argentina que han sacado del gobierno al menemismo, rostro local del neoliberalismo latinoamericano, y el avance sustancial del PRD en el gobierno del Distrito Federal (DF), en la cámara de diputados y en algunos gobiernos estatales en alianza con otras fuerzas políticas desde 1997. No cabe duda de que en esta estrategia continental el caso más significativo es el de México y el PRD, razón por la cual, las elecciones del 2000 en nuestro país representan un interés central de la gran potencia del norte.

Pero al mismo tiempo y a veces con mayor énfasis se ha buscado contrarrestar la resistencia organizada de la sociedad civil en Latinoamérica mediante todos los medios al alcance, incluyendo la intervención militar abierta o solapada; en este sentido, la ofensiva del ejército, de los gobiernos estatal y federal, de la jerarquía eclesiástica y el Vaticano, y de los medios de información contra el EZLN y las comunidades indígenas de Chiapas ha constituido el mejor ejemplo, toda vez que esta experiencia de lucha social ha adquirido un carácter fundamental y prioritario dentro de esa estrategia global.

La coyuntura nacional del 2000

El gobierno de Ernesto Zedillo ha mostrado una marcada incompetencia para evitar el desmoronamiento del sistema político priista. La acumulación de debilidades como producto de una aplicación despiadada de las políticas neoliberales y de una torpeza política frente a la sociedad, sumada a las afrentas que contra nuestro pueblo desplegaron los gobiernos que le antecedieron, sin duda se ha materializado en un verdadero riesgo de derrota electoral del PRI en el 2000, lo cual representa un cambio extremadamente radical en el contexto nacional y el mayor revés para la política de hegemonía de EE.UU. en América Latina.

Casos como el del FOBAPROA (hoy IPAB), como el de los otros rescates empresariales con recursos públicos, como el de la pobreza acrecentada, como el de la irresolución de variados problemas políticos y legales, como el de las intenciones privatizadoras de diversas ramas del sector público, o como el de la continuación de la estrategia neoliberal en general, que han tenido lugar en los años del régimen zedillista, han generado un malestar amplio entre los mexicanos que se ha ido concretando en una evidente pérdida de espacio electoral, político y social por parte del gobierno y del partido oficial, todo lo cual ha hecho que las elecciones de este año se conviertan en la prioridad del ejercicio político gubernamental.

Por otro lado, desde el año pasado, cuando menos, se advirtieron dos posibles alianzas político-electorales que representaban alternativas coyunturales con un alto nivel de competitividad electoral y de coordinación nacional de la resistencia popular, que preocuparon en gran medida al gobierno actual y a sus aliados. Por un lado se manifestaba la viabilidad de una coalición centrada en la mancuerna PRD-PAN que aglutinaría a la mayoría de los partidos pequeños y a un sector amplio de la sociedad civil organizada, que volvería casi inevitable la derrota del PRI en el 2000 y cuyo sentido sería avanzar hacia una transición democrática formal que desplazara definitivamente al sistema político actual del escenario nacional.

Por otro lado, no dejaba de estar presente, a pesar de los distanciamientos existentes, la posible alianza entre el PRD, el EZLN, las ONG’s y la sociedad civil, cuyo sentido político más claro (la formación de una alianza popular fuerte y con perspectivas de cambio reales) significaba un peligro no solamente para el PRI y el gobierno, sino también para el mismo PAN y para el objetivo de desarticular al movimiento popular en el continente.

Ante esta contingencia, el gobierno y el bloque de poder (en el cual, como ya dijimos, se incluyen fuerzas diversas nacionales e internacionales) diseñaron y pusieron en juego un plan que tomó cuerpo en un conjunto de líneas de acción que incluyeron, entre otras medidas y de manera significativa, la intervención en la UNAM y la promoción de un conflicto en su seno.

En lo que se refiere al objetivo de golpear a las dos fuerzas populares y de izquierda más importantes de la actualidad mexicana y ganar las elecciones del 2000, se impuso una estrategia de dos vías que apuntaba hacia la división interna y el desprestigio del PRD ante la ciudadanía y los sectores populares para así menguar la eventualidad de su éxito electoral y político social, y hacia el aislamiento y al mismo tiempo la promoción de una radicalización del EZLN para arrinconarlo en un territorio y en un espacio político acotado, además de dislocar sus vínculos con las organizaciones amplias que lo apoyan en el ámbito nacional.

En este plano, el gobierno federal se empeñó, de manera adicional a los tradicionales métodos de manipulación o concertación con los medios masivos de información, de impulso a la activación de las fuerzas políticas y sociales de la derecha y del corporativismo contra el PRD y el zapatismo, y de desprestigio de estas organizaciones ante los empresarios nacionales e internacionales, en impedir a toda costa la materialización de las alianzas aludidas antes.

Con esa finalidad buscó, y al parecer logró, cooptar al PAN y a los partidos pequeños con registro (el PT y el PVEM) para sabotear la alianza PRD-PAN; en el caso del PAN convenció a una parte de la dirección nacional, a algunos integrantes del equipo de confianza de Fox y a conocidos negociadores panistas con importantes vínculos con el gobierno, para desgastar y desperdiciar tiempo valioso en la definición de la alianza y al final reventarla, desviando a la vez la atención y el interés en la posible alianza PRD-EZLN; esto sucedió no obstante que ello significaba un riesgo importante para la opción de triunfo del propio PAN.

Al PT el gobierno lo condujo hacia la incorporación precoz a la candidatura de Cárdenas para generar problemas desde dentro y dificultar tanto la alianza del PRD con el PAN como con el EZLN y la sociedad civil, paralelamente lo utilizaría desde fuera en las disputas legislativas como se comprobó en la discusión del presupuesto en la Cámara de diputados al finalizar 1999. Al PVEM, sin asignarle más importancia de la que realmente tiene, simplemente lo manipuló para obstaculizar el consenso hacia la alianza opositora amplia.

Por otro lado, instigó la división interna del PRD entre los grupos más vulnerables en su interior: fomentó la separación del PRD de Muñoz Ledo y sus seguidores y los ataques intensificados contra Cárdenas y el gobierno del DF, inspiró la salida de diputados y su traspaso hacia el PT o el mismo PRI, y fortaleció a los provocadores menores que desde tiempo atrás mantiene dentro de este partido (algunos que incluso participan dentro del movimiento estudiantil en sentidos opuestos), todo ello sin dejar de hacer el permanente llamado de las sirenas para uncirse al aparato institucional en un reparto del poder al margen de la voluntad de la gente después de las elecciones, llamado ante el cual importantes sectores del partido del sol han sido siempre proclives a aceptar.

Finalmente estableció una serie de maniobras subrepticias encaminadas a utilizar a la parte menos clara y más habituada a la cultura política autoritaria y dogmática de las organizaciones ultraizquierdistas y radicales que existen de manera marginal en el movimiento urbano popular, en el magisterio, en el estudiantado universitario e inclusive entre los grupos armados, promoviendo una artificial y rabiosa confrontación con el PRD y su bastión, el gobierno del DF, y a veces contra (aunque en apariencia a favor de) el EZLN y su red de apoyos.

Mediante la intervención militar y paramilitar, el acoso de los sectores conservadores locales y de la jerarquía de las iglesias, la ofensiva mediática, la violación de la legalidad contra los observadores internacionales y nacionales, y un sinfín de agresiones de todo tipo desde el gobierno estatal y federal, esta estrategia ha ido arrinconando al EZLN y a sus bases sociales en un espacio estrecho y cercado de enemigos, al mismo tiempo que ha persistido en romper los vínculos del zapatismo con otros sectores y organizaciones, para lo cual ha utilizado igualmente a grupos radicales que promueven el sectarismo y la radicalización, aislando cada vez más al EZLN y su lucha de la sociedad civil y los movimientos populares.

La huelga de la UNAM y la estrategia global del gobierno

En esta lógica, el gobierno identificó la pertinencia de utilizar a la UNAM para desplegar buena parte de su estrategia frente a la coyuntura del 2000. Por lo tanto, primero buscó provocar al movimiento estudiantil y dividir a la comunidad universitaria mediante la imposición vertical y autoritaria del reglamento general de pagos, es decir, de cuotas y colegiaturas que avanzaran hacia la privatización de esta institución, por parte de la rectoría de Barnés; con ello el gobierno se encargó de promover la huelga a sabiendas de que había cubierto previamente una serie de requisitos para hacer triunfar su plan en ella.

Ante un conjunto de grupos y corrientes del PRD capitalino con fuerte influencia en la UNAM, el gobierno desplegó con mucha eficacia una estrategia que los condujo hacia la confusión y los comprometió ante el movimiento, medida que tuvo frutos debido a las tendencias de negociación cupular que el partido en general había practicado de tiempo atrás en diferentes espacios, lo que vino a sumarse a los errores y desviaciones que había tenido frente a importantes sectores de la juventud universitaria en las brigadas del sol, las elecciones de 1994 y 1997, y en la integración de activistas al gobierno del DF (aunado a esto se cuentan una serie de actos y decisiones políticas generales ante los cuales los universitarios también están atentos, tales como el pragmatismo en las candidaturas externas, la corrupción en las elecciones internas -que se corrigió, es cierto-, el alejamiento respecto del EZLN, o la frenética lucha interna entre corrientes burocráticas y caciquiles).

Sin duda también aprovechó e incentivó las divisiones ya existentes en el PRD, que en el caso de la UNAM son aun más acentuadas y que confirman el carácter real del partido como un frente más que como un organismo político integrado y con un programa único y bien definido.

De la misma manera que se propuso a nivel nacional, en la UNAM el gobierno desarrolló una línea de acción encaminada a cooptar, infiltrar o establecer alianzas coyunturales con dirigentes, activistas y organizaciones marginales de la ultraizquierda radical, lo cual implicó un trabajo que no se inició en 1999 y ni siquiera en la coyuntura marcada (1997-2000), sino que se montó en la política preventiva de infiltración de los grupos radicales que sistemáticamente ha sostenido como parte de su labor de espionaje y control político, misma que fue reforzada después de la insurrección zapatista de 1994.

Dicha política del gobierno, debido a los métodos semiconspirativos que privan en estas pequeñas organizaciones y a la ilusión de clandestinidad en que viven, tuvo un éxito superior al previsto en razón de factores como la acumulación de resentimientos sociales y de visiones nihilistas en buena porción de la juventud mexicana que ha crecido bajo los efectos del oscurantismo neoliberal y que en la UNAM se manifestó destacadamente.

Si bien la cooptación de dirigentes y militantes aislados o la infiltración de provocadores en el seno de estas agrupaciones parece ser la ruta más utilizada, no se puede eludir la posible existencia de verdaderas alianzas parciales y coyunturales con algunas organizaciones convencidas de la justeza de priorizar sus contradicciones con el PRD en estos momentos, por encima de los antagonismos con el enemigo principal, el enemigo de clase.

Ahora bien, la provocación a la UNAM no sólo respondió a la necesidad de enfrentar la coyuntura nacional del 2000, sino que también tuvo que ver con las aspiraciones del régimen de lograr un ajuste mayor de la educación superior sin tener que desgastarse en procesos largos y poco consistentes como los que ha vivido en los últimos quince años frente a las universidades públicas. La coyuntura permitía un ambiente de distracción y se contaba con una suficiente desarticulación de la comunidad universitaria para que ésta no pudiera evitar el paso de medidas aparentemente aisladas y cobijadas bajo un formato más amplio y propositivo (por ejemplo el Plan Barnés o Plan de Desarrollo de la UNAM), que en un proceso desencadenante se fueran sumando hasta alcanzar un nivel irreversible en la transformación de la universidad pública de acuerdo con las indicaciones de los organismos financieros internacionales en el 2000 y así facilitar la labor de un gobierno priista electo para el periodo 2000-2006, que fuera más eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones en la integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y al contexto de globalización bajo la clara hegemonía de Estados Unidos.

La decisión acerca de la imposición de colegiaturas en la UNAM sin duda provino del gobierno federal, que hizo uso de la burocracia universitaria y en primer lugar del rector Barnés, y desde el principio tenía claro que si la resistencia que desarrollara el movimiento universitario alcanzaba niveles inesperados, el sacrificio de este personaje estaba perfectamente contemplado.

Sin embargo, lo más importante de este proyecto es que preveía dos escenarios igualmente benéficos para su interés estratégico: 1) la apuesta a una huelga corta y derrotada cuyo costo debería cargarse al PRD (lo que explica la campaña inicial de responsabilizar a este partido y al gobierno del DF de ser los promotores del mismo) sobre la base de desprestigiar a los sectores democráticos del estudiantado (que incluía a algunos de los contingentes que fueron denominados, con toda la mala intención por parte de algunos medios de información, como moderados) y dividir a la comunidad en su conjunto, para al final humillar al movimiento e imponer una política de represión interna que hiciera desaparecer cualquier resistencia organizada y así detonar la aplicación de medidas sucesivas de ajuste radical de la institución.

2) La segunda opción implicaba adecuar la posición de sus fuerzas a la perspectiva de una huelga larga, cuyo resultado final podía ser la derrota o el triunfo formal, pero que desgastaría al movimiento y a la comunidad en su conjunto, logrando en el proceso diversos objetivos como el desprestigio del PRD y de los estudiantes democráticos (ligados o no a él), la desmoralización y desmovilización del estudiantado, la perdida de confianza en la lucha, la división y la polarización entre los universitarios, el despliegue de métodos violentos que trascendieran la huelga y se continuaran en un clima de terror y de justificación para la intervención de la fuerza pública, inclusive la manipulación, sobre la base de la debilidad resultante de todo esto, de la demanda más importante del movimiento: el Congreso Universitario, para legitimar sus propuestas e imponer igualmente el ajuste global deseado.

En esta lógica, uno de los propósitos fundamentales era el de enfrentar al movimiento estudiantil con el PRD y especialmente con el gobierno del DF, concitando antagonismos que debilitaran la participación de los universitarios en la campaña electoral del 2000, a la vez que dieran lugar a confrontaciones violentas que fueran utilizadas para acusar precisamente al gobierno del DF y al PRD de represión política o, en su defecto si no caían en la trampa, de connivencia e irresponsabilidad gubernamental frente a las provocaciones montadas con ese fin no en las escuelas de la UNAM sino en las calles de la ciudad.
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Paralelamente, con menor énfasis puesto que el eje medular aquí residía en las acciones más específicas aplicadas en Chiapas (la intervención militar, la hostilidad contra los observadores, el terror paramilitar, la ofensiva del Vaticano y la jerarquía nacional de la iglesia católica contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, etcétera), la estrategia del gobierno buscó desvincular al movimiento estudiantil del zapatismo y del EZLN, como también de los electricistas y del magisterio, que en mayo y junio de 1999 tenían la posibilidad de conjuntarse en una lucha nacional de gran alcance que pudiera anteceder y motivar a la alianza coyuntural con el propio PRD y otras organizaciones; objetivo hacia el que debería avanzarse, paradójicamente, a través de la radicalización y el manejo artificial de un discurso en pro de una alianza popular general, que afectaría en primer lugar no al EZLN sino a las Coordinadoras Zapatistas del Valle de México, que después de la consulta de marzo adquirieron un papel medular en el apoyo a los indígenas de Chiapas y en la coordinación nacional con el EZLN, provocando la división en su seno (donde actuaban significativos núcleos perredistas y que avizoraban la posibilidad de la alianza señalada para el 2000).

 

El movimiento estudiantil y universitario y la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultan la experiencia de lucha social más importante (después de la insurrección de los indígenas zapatistas de Chiapas en 1994) del México de fin de siglo, desde el punto de vista de la constitución de los sujetos sociales y del diseño y la puesta en práctica de estrategias de resistencia y de combate de los mismos, pero también desde la perspectiva de cómo el Estado y el bloque de poder construyen una forma actualizada de enfrentar a la sociedad civil organizada e imponer una lógica de reconstitución de un sistema de dominación y hegemonía que se adecue a los tiempos de cambio vigentes, especialmente ante el incontenible desmoronamiento que ha ido teniendo lugar en los decenios recientes del sistema político imperante durante setenta años en nuestro país.

De ahí que no sea posible entender en su plenitud y en su verdadero significado histórico y utópico al movimiento y a la huelga de la UNAM atendiendo exclusivamente y en forma descontextuada a la dinámica interna y al confuso panorama de fuerzas políticas estudiantiles y de confrontaciones tácticas que aparecen como elementos determinantes del proceso sin serlo del todo. En este sentido, el propósito del siguiente análisis es el de establecer someramente el conjunto de factores que han intervenido en el desarrollo del actual conflicto de la UNAM y simultáneamente delinear una perspectiva de articulación que más tarde nos permita ahondar en la comprensión de lo que esta lucha representa en términos prospectivos para quienes mantenemos una esperanza de transformación de la realidad social y en particular de la UNAM, a pesar del horizonte poco luminoso con que llegamos al año 2000.

La huelga de la UNAM y el choque de estrategias globales

Sería cómodo reducir la interpretación del conflicto de la máxima casa de estudios de nuestro país a una movilización espontánea del estudiantado a causa de una medida aislada impuesta por el rector Francisco Barnés, que simplemente ha seguido un curso, por decir lo menos, errático como producto de la inexperiencia de los participantes y de los efectos propios de todo fenómeno político. Nada más alejado de la verdad. Al esforzarnos en ampliar el marco de análisis desde el cual descomponer la complejidad de esta lucha y encontrar las claves de su explicación, es posible identificar distintos niveles de intervención en el proceso real de factores provenientes del contexto nacional e internacional, y de un entramado mucho menos simple de lo que parece y de lo que quisiéramos que fuera en lo que respecta a los actores específicos del movimiento universitario, de su relación con las fuerzas políticas extrauniversitarias y de la confrontación de proyectos estratégicos y tácticos.

Así, desarrollaremos una alternativa de comprensión que se articula sobre la base de un eje medular consistente en el enfrentamiento de dos grandes intencionalidades organizadas y antagónicas manifestadas en la huelga de la UNAM: por un lado, una estrategia amplia orquestada por el Estado como cabeza de una coalición de fuerzas políticas de derecha y, por el otro, una estrategia de resistencia desplegada por un sector de la sociedad civil que en este caso es el movimiento estudiantil y universitario de la UNAM en defensa de la educación pública. De la colisión de estas dos fuerzas y de sus respectivos proyectos de coyuntura, se puede desprender una serie de elementos de análisis que al final quizás nos permitirán en su conjunto entender al conflicto como un todo.

Como apertura de este análisis hay que establecer que por el lado del estudiantado no hay mayor confusión en lo referente a sus propósitos: de manera clara el movimiento surge como respuesta a la ofensiva neoliberal contra las universidades públicas, como resistencia ante los ajustes impuestos a las comunidades de las instituciones de educación superior por los gobiernos últimos de acuerdo con los designios de organismos internacionales reconocidos, y que en esta ocasión asumen el rostro de una medida radical impuesta por parte de las autoridades de la UNAM, como es el avance en la imposición de colegiaturas (a través del Reglamento general de pagos -RGP) y por lo tanto de restricciones al ingreso de los sectores populares.

En cambio, en lo que concierne al gobierno y a los intereses coaligados que representa en esta circunstancia, el objetivo de la huelga y del conflicto en general rebasa la dimensión meramente universitaria, aunque la incluye, y se articula en una perspectiva mucho más amplia que responde a la coyuntura global del periodo 1997-2000; cuyos propósitos fundamentales radican, por una parte, en causar un daño significativo a las dos fuerzas políticas más importantes que aglutinan a la izquierda social y a significativos sectores de nuestro pueblo, el PRD y el EZLN, y ganar a como dé lugar las elecciones del 2000 para contar posteriormente con seis años de respiro y recomponer el sistema político de dominación y hegemonía en el país; y por otra, en imponer un ajuste mayor de carácter instrumental, privatizante y tecnocrático en la UNAM, que marque la pauta para desencadenar la transformación autoritaria en el mismo sentido de todo el sistema de educación superior y media superior aprovechando la coyuntura.

Sin embargo, es conveniente situar el ámbito en que se desenvuelve esta lógica atendiendo a los elementos determinantes en cada uno de los dos proyectos en choque, en cada una de las dos intencionalidades confrontadas en esta huelga, y en el caso de la estrategia global del gobierno federal y sus aliados, distinguir las implicaciones de su objetivo doble; para lo cual identificaremos algunos de los componentes sustanciales del contexto nacional e internacional que tienen que ver con aquel.

La estrategia global en que se soporta esta ofensiva neoliberal contra la UNAM, la sociedad civil y las principales organizaciones de la izquierda mexicana en la coyuntura de 1997-2000, si bien está siendo puesta en operación por el aparato gubernamental y su red de relaciones e intereses, responde a un diseño concertado que incluye a los organismos de inteligencia de Estados Unidos, al partido oficial, a la representación de grandes capitales transnacionales y nacionales y a un conjunto de fuerzas de derecha y de ultraderecha como son los grandes medios de información, la alta jerarquía de las iglesias, los grupos conservadores fundamentalistas y algunas fracciones de organismos políticos como el PAN.

Este plan global responde a preocupaciones estratégicas que involucran algunos aspectos del contexto internacional como los siguientes: 1) el neoliberalismo, si bien se ha mantenido en marcha, en los últimos años ha reducido su radicalismo y consistencia en algunas partes del mundo como resultado de los triunfos electorales de partidos socialdemócratas, laboristas y liberales (progresistas en el sentido estadunidense de la palabra), lo que ha dificultado el avance de su proyecto de integración excluyente y subordinada de la población mundial a la globalización actual; 2) en esta coyuntura, en algunos países importantes de América Latina se ha ido presentando un avance electoral de la izquierda reformista y democratico-social que ha activado los focos rojos de quienes comandan los planes geoestratégicos en Estados Unidos, estos casos son los de México con el PRD, Uruguay con el Frente Amplio y sus aliados, Argentina con el FREPASO coaligado con el Partido Radical, Brasil con el Partido del Trabajo, y Chile con la alianza gubernamental hoy encabezada por un miembro del Partido Socialista; 3) en la segunda mitad de esta década hemos sido testigos de la emergencia de muy significativas experiencias y proyectos de una izquierda social renovada que han puesto en jaque a muchas de las líneas nodales del neoliberalismo en sus territorios, como son los casos del EZLN y el zapatismo en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, y las ONG’s y las organizaciones sociales y comunitarias en todo el continente.

De lo anterior se desprende la necesidad de Estados Unidos de contener estos avances electorales y disminuir la presencia y extensión de la izquierda social renovada; necesidad de la cual se ha derivado una estrategia global con múltiples enfoques que se ha puesto en ejercicio desde 1997 y que ya ha dado frutos al derrotar al PT en Brasil y concitar una alianza multicolor en torno al presidente Cardoso, al revertir en la segunda vuelta el triunfo del FA en Uruguay promoviendo la conciliación entre los dos inconciliables partidos tradicionales en 1999, al poner en verdadero riesgo el triunfo de la alianza gubernamental en Chile y apostar por el pinochetismo (como el mal menor) dividiendo a la Democracia Cristiana y saboteando la campaña electoral; pero al mismo tiempo ha tenido que aceptar el triunfo nacional y regional del año pasado de la alianza entre el FREPASO y el PR en Argentina que han sacado del gobierno al menemismo, rostro local del neoliberalismo latinoamericano, y el avance sustancial del PRD en el gobierno del Distrito Federal (DF), en la cámara de diputados y en algunos gobiernos estatales en alianza con otras fuerzas políticas desde 1997. No cabe duda de que en esta estrategia continental el caso más significativo es el de México y el PRD, razón por la cual, las elecciones del 2000 en nuestro país representan un interés central de la gran potencia del norte.

Pero al mismo tiempo y a veces con mayor énfasis se ha buscado contrarrestar la resistencia organizada de la sociedad civil en Latinoamérica mediante todos los medios al alcance, incluyendo la intervención militar abierta o solapada; en este sentido, la ofensiva del ejército, de los gobiernos estatal y federal, de la jerarquía eclesiástica y el Vaticano, y de los medios de información contra el EZLN y las comunidades indígenas de Chiapas ha constituido el mejor ejemplo, toda vez que esta experiencia de lucha social ha adquirido un carácter fundamental y prioritario dentro de esa estrategia global.

La coyuntura nacional del 2000

El gobierno de Ernesto Zedillo ha mostrado una marcada incompetencia para evitar el desmoronamiento del sistema político priista. La acumulación de debilidades como producto de una aplicación despiadada de las políticas neoliberales y de una torpeza política frente a la sociedad, sumada a las afrentas que contra nuestro pueblo desplegaron los gobiernos que le antecedieron, sin duda se ha materializado en un verdadero riesgo de derrota electoral del PRI en el 2000, lo cual representa un cambio extremadamente radical en el contexto nacional y el mayor revés para la política de hegemonía de EE.UU. en América Latina.

Casos como el del FOBAPROA (hoy IPAB), como el de los otros rescates empresariales con recursos públicos, como el de la pobreza acrecentada, como el de la irresolución de variados problemas políticos y legales, como el de las intenciones privatizadoras de diversas ramas del sector público, o como el de la continuación de la estrategia neoliberal en general, que han tenido lugar en los años del régimen zedillista, han generado un malestar amplio entre los mexicanos que se ha ido concretando en una evidente pérdida de espacio electoral, político y social por parte del gobierno y del partido oficial, todo lo cual ha hecho que las elecciones de este año se conviertan en la prioridad del ejercicio político gubernamental.

Por otro lado, desde el año pasado, cuando menos, se advirtieron dos posibles alianzas político-electorales que representaban alternativas coyunturales con un alto nivel de competitividad electoral y de coordinación nacional de la resistencia popular, que preocuparon en gran medida al gobierno actual y a sus aliados. Por un lado se manifestaba la viabilidad de una coalición centrada en la mancuerna PRD-PAN que aglutinaría a la mayoría de los partidos pequeños y a un sector amplio de la sociedad civil organizada, que volvería casi inevitable la derrota del PRI en el 2000 y cuyo sentido sería avanzar hacia una transición democrática formal que desplazara definitivamente al sistema político actual del escenario nacional.

Por otro lado, no dejaba de estar presente, a pesar de los distanciamientos existentes, la posible alianza entre el PRD, el EZLN, las ONG’s y la sociedad civil, cuyo sentido político más claro (la formación de una alianza popular fuerte y con perspectivas de cambio reales) significaba un peligro no solamente para el PRI y el gobierno, sino también para el mismo PAN y para el objetivo de desarticular al movimiento popular en el continente.

Ante esta contingencia, el gobierno y el bloque de poder (en el cual, como ya dijimos, se incluyen fuerzas diversas nacionales e internacionales) diseñaron y pusieron en juego un plan que tomó cuerpo en un conjunto de líneas de acción que incluyeron, entre otras medidas y de manera significativa, la intervención en la UNAM y la promoción de un conflicto en su seno.

En lo que se refiere al objetivo de golpear a las dos fuerzas populares y de izquierda más importantes de la actualidad mexicana y ganar las elecciones del 2000, se impuso una estrategia de dos vías que apuntaba hacia la división interna y el desprestigio del PRD ante la ciudadanía y los sectores populares para así menguar la eventualidad de su éxito electoral y político social, y hacia el aislamiento y al mismo tiempo la promoción de una radicalización del EZLN para arrinconarlo en un territorio y en un espacio político acotado, además de dislocar sus vínculos con las organizaciones amplias que lo apoyan en el ámbito nacional.

En este plano, el gobierno federal se empeñó, de manera adicional a los tradicionales métodos de manipulación o concertación con los medios masivos de información, de impulso a la activación de las fuerzas políticas y sociales de la derecha y del corporativismo contra el PRD y el zapatismo, y de desprestigio de estas organizaciones ante los empresarios nacionales e internacionales, en impedir a toda costa la materialización de las alianzas aludidas antes.

Con esa finalidad buscó, y al parecer logró, cooptar al PAN y a los partidos pequeños con registro (el PT y el PVEM) para sabotear la alianza PRD-PAN; en el caso del PAN convenció a una parte de la dirección nacional, a algunos integrantes del equipo de confianza de Fox y a conocidos negociadores panistas con importantes vínculos con el gobierno, para desgastar y desperdiciar tiempo valioso en la definición de la alianza y al final reventarla, desviando a la vez la atención y el interés en la posible alianza PRD-EZLN; esto sucedió no obstante que ello significaba un riesgo importante para la opción de triunfo del propio PAN.

Al PT el gobierno lo condujo hacia la incorporación precoz a la candidatura de Cárdenas para generar problemas desde dentro y dificultar tanto la alianza del PRD con el PAN como con el EZLN y la sociedad civil, paralelamente lo utilizaría desde fuera en las disputas legislativas como se comprobó en la discusión del presupuesto en la Cámara de diputados al finalizar 1999. Al PVEM, sin asignarle más importancia de la que realmente tiene, simplemente lo manipuló para obstaculizar el consenso hacia la alianza opositora amplia.

Por otro lado, instigó la división interna del PRD entre los grupos más vulnerables en su interior: fomentó la separación del PRD de Muñoz Ledo y sus seguidores y los ataques intensificados contra Cárdenas y el gobierno del DF, inspiró la salida de diputados y su traspaso hacia el PT o el mismo PRI, y fortaleció a los provocadores menores que desde tiempo atrás mantiene dentro de este partido (algunos que incluso participan dentro del movimiento estudiantil en sentidos opuestos), todo ello sin dejar de hacer el permanente llamado de las sirenas para uncirse al aparato institucional en un reparto del poder al margen de la voluntad de la gente después de las elecciones, llamado ante el cual importantes sectores del partido del sol han sido siempre proclives a aceptar.

Finalmente estableció una serie de maniobras subrepticias encaminadas a utilizar a la parte menos clara y más habituada a la cultura política autoritaria y dogmática de las organizaciones ultraizquierdistas y radicales que existen de manera marginal en el movimiento urbano popular, en el magisterio, en el estudiantado universitario e inclusive entre los grupos armados, promoviendo una artificial y rabiosa confrontación con el PRD y su bastión, el gobierno del DF, y a veces contra (aunque en apariencia a favor de) el EZLN y su red de apoyos.

Mediante la intervención militar y paramilitar, el acoso de los sectores conservadores locales y de la jerarquía de las iglesias, la ofensiva mediática, la violación de la legalidad contra los observadores internacionales y nacionales, y un sinfín de agresiones de todo tipo desde el gobierno estatal y federal, esta estrategia ha ido arrinconando al EZLN y a sus bases sociales en un espacio estrecho y cercado de enemigos, al mismo tiempo que ha persistido en romper los vínculos del zapatismo con otros sectores y organizaciones, para lo cual ha utilizado igualmente a grupos radicales que promueven el sectarismo y la radicalización, aislando cada vez más al EZLN y su lucha de la sociedad civil y los movimientos populares.

La huelga de la UNAM y la estrategia global del gobierno

En esta lógica, el gobierno identificó la pertinencia de utilizar a la UNAM para desplegar buena parte de su estrategia frente a la coyuntura del 2000. Por lo tanto, primero buscó provocar al movimiento estudiantil y dividir a la comunidad universitaria mediante la imposición vertical y autoritaria del reglamento general de pagos, es decir, de cuotas y colegiaturas que avanzaran hacia la privatización de esta institución, por parte de la rectoría de Barnés; con ello el gobierno se encargó de promover la huelga a sabiendas de que había cubierto previamente una serie de requisitos para hacer triunfar su plan en ella.

Ante un conjunto de grupos y corrientes del PRD capitalino con fuerte influencia en la UNAM, el gobierno desplegó con mucha eficacia una estrategia que los condujo hacia la confusión y los comprometió ante el movimiento, medida que tuvo frutos debido a las tendencias de negociación cupular que el partido en general había practicado de tiempo atrás en diferentes espacios, lo que vino a sumarse a los errores y desviaciones que había tenido frente a importantes sectores de la juventud universitaria en las brigadas del sol, las elecciones de 1994 y 1997, y en la integración de activistas al gobierno del DF (aunado a esto se cuentan una serie de actos y decisiones políticas generales ante los cuales los universitarios también están atentos, tales como el pragmatismo en las candidaturas externas, la corrupción en las elecciones internas -que se corrigió, es cierto-, el alejamiento respecto del EZLN, o la frenética lucha interna entre corrientes burocráticas y caciquiles).

Sin duda también aprovechó e incentivó las divisiones ya existentes en el PRD, que en el caso de la UNAM son aun más acentuadas y que confirman el carácter real del partido como un frente más que como un organismo político integrado y con un programa único y bien definido.

De la misma manera que se propuso a nivel nacional, en la UNAM el gobierno desarrolló una línea de acción encaminada a cooptar, infiltrar o establecer alianzas coyunturales con dirigentes, activistas y organizaciones marginales de la ultraizquierda radical, lo cual implicó un trabajo que no se inició en 1999 y ni siquiera en la coyuntura marcada (1997-2000), sino que se montó en la política preventiva de infiltración de los grupos radicales que sistemáticamente ha sostenido como parte de su labor de espionaje y control político, misma que fue reforzada después de la insurrección zapatista de 1994.

Dicha política del gobierno, debido a los métodos semiconspirativos que privan en estas pequeñas organizaciones y a la ilusión de clandestinidad en que viven, tuvo un éxito superior al previsto en razón de factores como la acumulación de resentimientos sociales y de visiones nihilistas en buena porción de la juventud mexicana que ha crecido bajo los efectos del oscurantismo neoliberal y que en la UNAM se manifestó destacadamente.

Si bien la cooptación de dirigentes y militantes aislados o la infiltración de provocadores en el seno de estas agrupaciones parece ser la ruta más utilizada, no se puede eludir la posible existencia de verdaderas alianzas parciales y coyunturales con algunas organizaciones convencidas de la justeza de priorizar sus contradicciones con el PRD en estos momentos, por encima de los antagonismos con el enemigo principal, el enemigo de clase.

Ahora bien, la provocación a la UNAM no sólo respondió a la necesidad de enfrentar la coyuntura nacional del 2000, sino que también tuvo que ver con las aspiraciones del régimen de lograr un ajuste mayor de la educación superior sin tener que desgastarse en procesos largos y poco consistentes como los que ha vivido en los últimos quince años frente a las universidades públicas. La coyuntura permitía un ambiente de distracción y se contaba con una suficiente desarticulación de la comunidad universitaria para que ésta no pudiera evitar el paso de medidas aparentemente aisladas y cobijadas bajo un formato más amplio y propositivo (por ejemplo el Plan Barnés o Plan de Desarrollo de la UNAM), que en un proceso desencadenante se fueran sumando hasta alcanzar un nivel irreversible en la transformación de la universidad pública de acuerdo con las indicaciones de los organismos financieros internacionales en el 2000 y así facilitar la labor de un gobierno priista electo para el periodo 2000-2006, que fuera más eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones en la integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y al contexto de globalización bajo la clara hegemonía de Estados Unidos.

La decisión acerca de la imposición de colegiaturas en la UNAM sin duda provino del gobierno federal, que hizo uso de la burocracia universitaria y en primer lugar del rector Barnés, y desde el principio tenía claro que si la resistencia que desarrollara el movimiento universitario alcanzaba niveles inesperados, el sacrificio de este personaje estaba perfectamente contemplado.

Sin embargo, lo más importante de este proyecto es que preveía dos escenarios igualmente benéficos para su interés estratégico: 1) la apuesta a una huelga corta y derrotada cuyo costo debería cargarse al PRD (lo que explica la campaña inicial de responsabilizar a este partido y al gobierno del DF de ser los promotores del mismo) sobre la base de desprestigiar a los sectores democráticos del estudiantado (que incluía a algunos de los contingentes que fueron denominados, con toda la mala intención por parte de algunos medios de información, como moderados) y dividir a la comunidad en su conjunto, para al final humillar al movimiento e imponer una política de represión interna que hiciera desaparecer cualquier resistencia organizada y así detonar la aplicación de medidas sucesivas de ajuste radical de la institución.

2) La segunda opción implicaba adecuar la posición de sus fuerzas a la perspectiva de una huelga larga, cuyo resultado final podía ser la derrota o el triunfo formal, pero que desgastaría al movimiento y a la comunidad en su conjunto, logrando en el proceso diversos objetivos como el desprestigio del PRD y de los estudiantes democráticos (ligados o no a él), la desmoralización y desmovilización del estudiantado, la perdida de confianza en la lucha, la división y la polarización entre los universitarios, el despliegue de métodos violentos que trascendieran la huelga y se continuaran en un clima de terror y de justificación para la intervención de la fuerza pública, inclusive la manipulación, sobre la base de la debilidad resultante de todo esto, de la demanda más importante del movimiento: el Congreso Universitario, para legitimar sus propuestas e imponer igualmente el ajuste global deseado.

En esta lógica, uno de los propósitos fundamentales era el de enfrentar al movimiento estudiantil con el PRD y especialmente con el gobierno del DF, concitando antagonismos que debilitaran la participación de los universitarios en la campaña electoral del 2000, a la vez que dieran lugar a confrontaciones violentas que fueran utilizadas para acusar precisamente al gobierno del DF y al PRD de represión política o, en su defecto si no caían en la trampa, de connivencia e irresponsabilidad gubernamental frente a las provocaciones montadas con ese fin no en las escuelas de la UNAM sino en las calles de la ciudad.

Paralelamente, con menor énfasis puesto que el eje medular aquí residía en las acciones más específicas aplicadas en Chiapas (la intervención militar, la hostilidad contra los observadores, el terror paramilitar, la ofensiva del Vaticano y la jerarquía nacional de la iglesia católica contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, etcétera), la estrategia del gobierno buscó desvincular al movimiento estudiantil del zapatismo y del EZLN, como también de los electricistas y del magisterio, que en mayo y junio de 1999 tenían la posibilidad de conjuntarse en una lucha nacional de gran alcance que pudiera anteceder y motivar a la alianza coyuntural con el propio PRD y otras organizaciones; objetivo hacia el que debería avanzarse, paradójicamente, a través de la radicalización y el manejo artificial de un discurso en pro de una alianza popular general, que afectaría en primer lugar no al EZLN sino a las Coordinadoras Zapatistas del Valle de México, que después de la consulta de marzo adquirieron un papel medular en el apoyo a los indígenas de Chiapas y en la coordinación nacional con el EZLN, provocando la división en su seno (donde actuaban significativos núcleos perredistas y que avizoraban la posibilidad de la alianza señalada para el 2000).

Vía: Tlahui

http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/mx10-15.htm

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Esta entrada fue publicada el febrero 7, 2013 por en ¿Porque Luchamos?.

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