Piden investigar al Ejército por Ayotzinapa.

Una nueva Jornada Global por Ayotzinapa se cumplió este lunes, al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de esa localidad de Guerrero.

En la ciudad de México, en decenas de lugares del país y del extranjero, se repitió en marchas, mítines y carteles la demanda de la aparición con vida de los jóvenes.

En la capital mexicana se realizaron marchas que salieron de cuatro puntos distintos y desembocaron en el Zócalo.

En el mitin final, el mensaje de los padres de los normalistas fue que no aceptarán que sus hijos están muertos, mientras no hayan pruebas científicas que lo demuestren y advirtieron que no permitirán que haya elecciones en Guerrero.

Además, demandaron abrir nuevas líneas de investigación, donde se indague la probable responsabilidad en los hechos de elementos del Ejército y del ex gobernador Ángel Aguirre.

Pasadas las ocho de la noche, el mitin terminó y el Zócalo se fue desalojando sin incidentes.

En más de 40 ciudades del mundo y más de una veintena del país se realizó hoy la octava Jornada Global por Ayotzinapa y México, la cual incluyó cuatro marchas simultáneas en el Distrito Federal, mismas que terminaron en el Zócalo.

Esta jornada en la capital del país se lleva a cabo a propuesta de los padres de los normalistas desaparecidos, con la intención de realizar una “toma simbólica de la ciudad”, acción que contó con el apoyo de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

Por la tarde, a las 16 horas, ya con la participación de otras organizaciones sociales y colectivos de estudiantes universitarios, los familiares de los normalistas se movilizaron desde el Auditorio Nacional al Zócalo.

Las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han sido limitadas e insuficientes, a tal grado que formalmente ya no está abordando el caso como un tema de desaparición forzada, sino de secuestro, lo cual invisibiliza la magnitud del fenómeno y puede generar impunidad, señaló Amnistía Internacional (AI).

Por ello, la organización llamó a abrir nuevas líneas de investigación, que incluyan la supuesta participación del Ejército en las agresiones contra los estudiantes, pues la indagatoria no puede basarse en la confesión de dos supuestos criminales, quienes además alegaron haber sufrido tortura.

Luego de subrayar que México «enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio, que no dista de la que tienen países en conflicto armado», la especialista denunció que las acusaciones en contra del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron reclasificadas por un juez como secuestro y no como desaparición forzada.

Cuando se le solicitó mayor información sobre este punto, el departamento de incidencia de AI explicó que actualmente ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa está siendo investigado por desaparición forzada, sino por secuestro, homicidio o lavado de dinero.

Al presentar un informe con los resultados de la visita realizada por la organización a la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, lamentó que las evidencias forenses para sustentar la versión del procurador Jesús Murillo Karam sobre el caso son mínimas.

Para la directora regional de AI, lo ocurrido en Ayotzinapa es grave por sí mismo, pero también porque es el reflejo de que el gobierno mexicano no ha atendido de manera adecuada la crisis de derechos humanos que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, destacó por su parte que ante los reclamos de los padres por la falta de resultado de las indagatorias, «la estrategia que está adoptando el gobierno de la República es deslegitimar sus demandas» y tratar de presentarlos como violentos e intransigentes.

Por todo lo anterior, AI llamó a las autoridades nacionales a reconocer la crisis de derechos humanos, abrir nuevas líneas de investigaciones que incluyan a autoridades estatales y federales, investigar las denuncias de tortura de los acusados y a dejar de criminalizar a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

 

Con información de La Jornada